El origen de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se remonta al siglo XIX, cuando el Estado no asumía su función social y en una conjunción entre filantropías y militancia caritativa se constituían los primeros fondos de solidaridad, mutualidades, ONG y otras herramientas de cobertura para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta realidad fue desapareciendo en función de la construcción del Estado de bienestar europeo tras la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de sus antecedentes históricos, la RSC se empieza a implementar a partir de la década de 1960, desarrollándose también conceptos como rentabilidad social de la empresa, teoría de los stakeholders [1], y ética empresarial.

Teóricos actuales de la RSC, como Archie B. Carroll [2], resumen esta disciplina en cuatro grandes áreas: 1) Responsabilidades económicas, enfocadas ala producción de bienes y servicios para la sociedad; 2) Responsabilidades legales, enfocadas a cumplir las leyes; 3) Responsabilidades éticas, enfocadas a las actividades no reguladas directamente por las leyes, pero deseadas por la sociedad; y 4) Responsabilidades filantrópicas, enfocadas a las acciones voluntarias que contribuyen al bienestar de la comunidad.

Es decir, más allá de las aportaciones económicas –lo filantrópico-, se reconoce un sentido de la RSC que incluye dos enfoques claves: el primero respecto a la inclusión de la empresa en el campo social, a través de fundaciones u organizaciones subsidiarias, con el fin de que administren y gestionen las donaciones y el problema social de interés corporativo; y el segundo significa un cambio en la racionalidad corporativa, que busca incorporar cierto sentido social siempre y cuando no afecte a su interés económico.

En plena Primavera Árabe, cuando miles de manifestantes eran víctimas de las represiones violentas por parte de sus gobiernos, España exportó armas y material de defensa a Bahréin, Arabia Saudí y Egipto por valor de más de 10,5 millones de euros.

Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad (MEC), remitidos al Congreso en enero de este año y que las organizaciones de la coalización 'Armas bajo control' consideran "especialmente preocupantes".

En un informe, Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermon Oxfam denuncian que el Gobierno aprobó las exportaciones de material bélico pese a que "corría el riesgo de ser usado para cometer violaciones de derechos humanos".

"Existe un marco legal que nosotros valoramos en su momento muy positivamente, pero parece que hay un déficit de voluntad política y los intereses comerciales priman por encima de los valores que los gobiernos dicen defender", señala a Público.es Francisco Ortego, portavoz de Amnistía Internacional en comercio de armas.

En concreto, estas organizaciones advierten de que el Gobierno, entre enero y junio de 2011, llevó a cabo operaciones que podrían haber vulnerado el artículo 8 de la Ley 53/2007 que regula las exportaciones de material de defensa y policial fabricado en España.

Esta norma señala que las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones suspendidas o revocadas "cuando existan indicio racionales de que el material de defensa [...] pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, pueda exacerbar tensiones o conflictos latentes, ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos [...]".

Pese a que es difícil conocer el uso exacto que se le han dado a las armas en los países de destino, Ortego asegura que esto "no sería una excusa". "La situación de Bahréin lleva siendo preocupante desde hace mucho tiempo y en Arabia Saudí la violación de derechos humanos es permanente", afirma.

El informe, no obstante, refleja que sí se revocaron varias licencias para la exportación y se sometió a revisión todas las licencias aprobadas desde 2006 hacia Túnez, Egipo y otros países del Norte de África y Oriente Próximo en conflictos similares.

¿Por qué para unos países sí se aplica la ley y en otros no? "Estamos pidiendo que haya una mayor coherencia y que se aplique la ley y no se ha hecho de forma sistemática", reconoce Francisco Yermo, responsable de Advocay Humanitario de Intermon Oxfam.

En lo que algunos periodistas de su país sostienen que forma parte de la campaña presidencial estadounidense, Barak Obama anunció el pasado 13 de marzo la presentación de un caso legal ante la Organización Mundial de Comercio contra China, por las restricciones a las exportaciones de tierras raras. La Unión Europea y Japón, que también se sienten perjudicados por las últimas medidas tomadas por China, apoyan la iniciativa. China representa el 95% de las exportaciones mundiales de estos minerales que son usados en productos que contienen la tecnología más sofisticada y relacionada con lo que se conoce como “tecnologías verdes”: turbinas para energía eólica, baterías, autos híbridos y eléctricos y paneles solares. Pero también se usan en la fabricación de smart-phones, pantallas de televisión y computadoras.

Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, los elementos de tierra rara son un conjunto de diecisiete elementos químicos en la tabla periódica; específicamente los quince lantánidos más escandio e itrio. Los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometeo, samario) son conocidos como las tierras raras livianas o Light Rare Earth Oxides.

Y el europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, son conocidos como las tierras raras pesadas o Heavy Rare Earth Oxides. En forma general se consideran también al itrio y el escandio entre las tierras raras. Salvo el prometeo, todos los demás lantánidos se encuentran como óxidos metálicos contenidos en unos 25 minerales, de los cuales los más importantes y que se explotan económicamente son bastnaesita (flúor carbonato de tierras raras), monazita (fosfato de tierras raras) y xenotima (fosfato de itrio).1

Implicaciones sociambientales de un modelo neocolonial de relaciones internacionales

El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción denuncian que, con la defensa de Repsol, el Gobierno apuesta por el cambio climático, el no respeto a los derechos humanos, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la evasión de impuestos, un modelo neocolonial de relaciones internacionales, la destrucción de empleos, los intereses de muy pocas personas (muchas de las cuales no son españolas) y un modelo energético obsoleto.*

Repsol ha mostrado una absoluta indiferencia ante los derechos de las poblaciones indígenas en América Latina. Sin salir de Argentina, en el yacimiento de Cerro Bandera, los derechos de la comunidad mapuche Lonko Purran fueron sistemáticamente violados. En el yacimiento de Loma de la Lata sus habitantes, también mapuches, tienen hasta 17 metales pesados en su sangre, sufren trastornos nerviosos, enfermedades en la piel y hasta se han dado casos de anencefalia fetal. Por estos casos y otros similares, la empresa fue juzgada y condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos desde 2006.